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27 noviembre, 2025
El miedo a sancionar es peligroso en todos los ámbitos, pero especialmente en el educativo porque termina por cargarse la Normativa de Convivencia y provoca una doble frustración en las víctimas de acoso: ver que al acosador no le pasa nada y que el Estado es incapaz de protegerlo. A veces esta situación tiene consecuencias funestas como ya hemos podido ver en algunos casos.
España es un país especialmente conflictivo en sus aulas (300.000 casos al año según las estadísticas que publica Bullying sin Fronteras); sin embargo, hay miedo a tomar medidas. Todos los centros tienen un protocolo de actuación; pero no se aplica y, cuando se hace, se hace más bien para protegerse, para dar la sensación de que se ha hecho algo, evitando llegar a sus últimas consecuencias. Ningún centro quiere reconocer que tiene casos de acoso y se tapa todo lo que se puede. Además los profesores no suelen contar ya con el apoyo de los padres que se posicionan al lado de sus hijos, ni con un apoyo decidido de la inspección educativa ni de la justicia. Aquí se devuelve la pelota al centro: ¿qué ha hecho el centro para que esto no suceda? Y al profesor: ¿dónde estaba el que tenía que vigilar?, ¿qué medidas preventivas había tomado? Y la cuestión principal del comportamiento inadecuado se diluye en mil responsabilidades que casi acaban convirtiendo en víctima al culpable. Y este es un camino peligroso. No hay más camino que sancionar si queremos mostrar que ese comportamiento no es adecuado. Después habrá que ver todas las circunstancias que haya que ver; pero lo primero es hacerle ver que los actos tienen consecuencias y, por supuesto, proteger a las víctimas. Y no lo hacemos. Muchas veces es la víctima la que tiene que cambiar de centro.
Esto no pasa en todos los lugares. En los países nórdicos no triunfa el “malote” y la primera responsabilidad se le pide al que ha cometido la falta y a su familia. Aquí no lo conseguimos. Sabemos que es muy difícil dar clase en un centro de Secundaria porque las faltas de respeto entre compañeros y con los profesores son frecuentes. Y esos que no dejan dar clase con normalidad siguen ahí año tras año.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La autoridad ha cambiado: no se respeta la justicia ni a los profesores ni a los padres. Algo tendremos que hacer frente a este intento de democratizar lo que no puede ser. Ya sé que la autoridad no se consigue solo con las sanciones, pero son absolutamente necesarias para corregir comportamientos inadecuados y para mostrar que los actos tienen consecuencias.
Paco Cervera es profesor de historia y presidente de Marbella Activa.


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